viernes, 30 de abril de 2010

La imposición del catalán

Buenas de nuevo a todos.

Últimamente se habla mucho de la tan traída y llevada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, un Estatuto que es claramente anticonstitucional. Y una de las razones (no la única) por la que es anticonstitucional es por la persecución y discriminación a la que se somete el castellano que, tal como reza el Artículo 3 de la Constitución, es “la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Lo que parece claro es que el arrinconamiento del castellano responde, a todas luces, a una forma más de establecer distancias entre unas regiones españolas con otras, de modo que se llegue al secesionismo lingüístico y, por tanto, a romper el principal nexo cultural que nos une, esto es, el idioma. No se entiende, si no, que el segundo idioma más importante del mundo sea perseguido en todos los estamentos (sociales, comerciales, académicos). Es evidente que es por una clara posición antiespañola por parte de los nacionalistas (PSE incluido, no lo olvidemos) y no por velar por los intereses de, por ejemplo, los alumnos a los que se les impone el catalán quieran o no.

A cuento de todo esto, el Ministro de Educación llegó a tener las tragaderas necesarias para claudicar ante los secesionistas catalanes al decir a las familias españolas que habrían de resignarse y asumir que “el catalán es la lengua vehicular”. Y todo ello sólo dos meses después de sacar pecho diciendo que el español es la lengua oficial de todo el Estado. Se ve que, al igual que el resto del (des)Gobierno que sufrimos,  ha aprendido muy bien a decir una cosa y la contraria.

Para ver hasta qué punto se utiliza el idioma para blindar y aislar el territorio y favorecer a los suyos, basta con leer las declaraciones del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lérida, que abogó por establecer pruebas de catalán para que los de fuera no pudieran acceder a las plazas ofertadas en dicha universidad y así, de paso, evitar el mal trago que supone a los catalanes el tener que irse a universidades de fuera por falta de plazas en las universidades propias. Hay que ser cateto, provinciano… ¡y fascista!

El asunto ha llegado a tintes que se podrían tildar de fascistas, como el caso de un alumno al que se le prohibió asistir como oyente en la escuela de idiomas tras una denuncia por haber discrepado acerca de la imposición del catalán. Actos que recuerdan más de lo conveniente  a las prácticas nazis donde se detenía a los judíos tras el correspondiente chivatazo.

Más conocido es el caso de Manuel Nevot, quien fue multado con 800€ por rotular su establecimiento en castellano y que recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional… que con lo vendido que está, va listo el pobre hombre. Afortunadamente, todavía le quedará Estrasburgo.  Curiosamente, el señor Nevot también fue multado a partir de una denuncia, y esta vez anónima; está claro que cada vez hay más similitudes con los métodos fascistoides nacionalsocialistas: una Gestapo lingüística en toda regla.

Y para terminar de entrometerse en la libertad de mercado y de elección de los consumidores y usuarios, en su particular normalización han terminado por establecer cuotas en los cines con la Ley del Cine Catalán, que pretende obligar a distribuir la mitad de las copias de películas dobladas o subtituladas en catalán a pesar de que no tienen demanda, como bien apuntan los propios empresarios, que estaban dispuestos a movilizarse contra la ley, al igual que otros productores y exhibidores europeos.

Y todo este desbarajuste, con la connivencia del zoquete mayor; ese que por cuatro votos y mantenerse en la poltrona es capaz de vender a su abuela (o a su abuelo el de la guerra). Uno más de los efectos del Estatut, del que desde el (des)Gobierno se dijo que “lleva ya unos cuantos años en vigor y aquí no ha pasado nada”. No, no pasa nada; tan sólo que se conculcan los más elementales derechos de millones de ciudadanos. Aparte de eso, nada que reseñar.

¡Es que ni con la muerte pagan el daño que están haciendo!

viernes, 9 de abril de 2010

¿Inminente sentencia sobre el Estatut?

Muy buenas.

Parece ser que algo se mueve en el Tribunal Constitucional. La presidente (que no presidenta) María Antonia Casas (la ‘alegal’) ha convocado un pleno sobre el Estatuto catalán para los próximos días 14 y 15 de Abril.

Parece ser que los magistrados de corte progresista (léase amancebados del PSOE) ya alcanzaron un acuerdo acerca de la sentencia, y se supone que quieren convencer a alguno de los magistrados conservadores para que apoyen el borrador actual.

Pero dado que la presidente tiene el voto de calidad, y sabiendo que es fiel sirviente de los intereses del P (ex-PSOE), seguramente no se pueda esperar nada bueno de la esperada sentencia. Y es que si los jueces fuesen realmente independientes no se habría llegado a una espera de cuatro años para dar carpetazo a un estatuto que es claramente anticonstitucional: obligatoriedad del conocimiento del catalán (y lo que es peor: arrinconamiento y persecución del castellano), fragmentación de la justicia, bilateralidad en cuestiones de Estado… En suma, un estatuto de corte confederal y que allana el camino hacia el independentismo catalán, una reforma constitucional encubierta.

Mientras tanto, los políticos catalanes siguen con su algarada particular. Tras el indecente editorial conjunto (¡leñe, qué bueno es Martín Seco!) de los diarios catalanes, el charnego Montilla ya amagó con una respuesta unitaria de la sociedad catalana (¿sería tan unitaria como los que votaron a favor del Estatuto, menos de un tercio de los ciudadanos?) en caso de recortes del Estatuto, y ahora los chacales de ERC advierten que no acatarán la sentencia del TC, envalentonados que están viendo la pusilanimidad de las instituciones y que todas las barrabasadas que sueltan por sus pestilentes bocas les salen gratis.

Pero lo que los traidores de ERC y otros de su calaña no cuentan es que lo que realmente se defiende, en connivencia con las élites y los medios de comunicación, es el poder de los políticos catalanes. Un poder que, por cierto, más que revertir en beneficios para los ciudadanos ha llevado a todo tipo de corrupción e irresponsabilidad de la casta política catalana.

Mientras tanto, el desarrollo del Estatuto y los hechos consumados hacen que la sentencia, sea cual sea, llegue demasiado tarde. Es lo que tiene el mantener a un irresponsable e indigente intelectual, aquel mismo de la “nación discutida y discutible”, como presidente del (des)Gobierno.

Que Dios nos pille confesados…

La distribución de renta en la España de ZP

Artículo de Roberto Centeno en ‘Cotizalia’:

Uno de los hechos más intrínsicamente perversos, dentro del desastre económico, intelectual y social que Zapatero representa, es la patraña sobre la fortaleza de su política social, desmentida día a día por el incremento imparable de la desigualdad entre los españoles. El tema es ya tan extremo que la cruda realidad de cientos de miles de familias nos devuelve a las páginas más oscuras de nuestra historia, con 1,6 millones de parados  tirados en la cuneta, sin prestación ni subvención alguna; con los comedores de Caritas desbordados e incapaces de atender ya a todos los necesitados; con miles de personas buscando cada noche comida en los cubos de la basura de los supermercados, o con situaciones como la que acaba de ocurrir en Alicante, donde se ha hecho un llamamiento para encontrar familias de acogida para 150 niños, a los que sus padres no pueden dar de comer.

 

Aparte de su sectarismo e incompetencia, este océano de injusticia en el reparto de la renta y la riqueza creadas, es la gran seña de identidad del socialismo español. Desde su distribución funcional -donde la “política social” de Zapatero ha dado un vuelco a la distribución primaria de la renta a favor del capital y en contra de los salarios- a la distribución personal -donde la “política de igualdad” de Zapatero ha conducido a que  en la época de las vacas gordas un 60% de las familias perdiera renta real-, o a la  distribución territorial -donde la “política de solidaridad” de Zapatero ha conducido a que las diferencias de renta entre las regiones se hayan incrementado en lugar de disminuir.

 

La distribución funcional: el desplome de las rentas del trabajo

 

La distribución funcional de la renta expresa la forma en que ésta se reparte entre el trabajo y el capital. A principios de los años 70, como consecuencia del espectacular crecimiento de  los años 60 y la creación de una poderosa clase media por el régimen del general Franco, la parte del trabajo en el PIB, según un estudio de la Comisión Europea, ascendía al 64% del total o al 67,9% sin impuestos indirectos, una situación que se hundiría rápidamente con el primer gobierno socialista a partir de 1982,  iniciándose un sesgo sin precedentes a favor de los beneficios empresariales.

 

Este fenómeno no ha sido exclusivo de España, pero sí ha sido aquí, bajo los gobiernos socialistas, donde la pérdida de riqueza relativa al PIB de los asalariados ha sido más acusada. Durante su primer gobierno, en la España del pelotazo según expresión de un ministro de Economía de la época, ésta se desplomaría hasta el 48,7% en 1996, cuando el ínclito Solbes dejó casi quebrado el país por primera vez. Durante el gobierno de Aznar la cifra se recuperaría algo, hasta  el 50,1% en 1999.

 

Finalmente, en la España de Zapatero, la parte de los salarios en el PIB se hundiría de nuevo hasta el 46,6% en el primer trimestre 2008. A día de hoy la cifra es ya inferior al 46% porque, según el INE, las rentas salariales han crecido menos que las del capital desde esa fecha hasta el tercer trimestre 2009. ¿Y por qué el INE no deja de ocultar la realidad y en vez de porcentajes que no dicen nada, publica las cifras absolutas? En todo caso, se trata de la cifra más baja de participación de los salarios en la renta nacional desde que existen series estadísticas, y la más baja de toda la UE, donde la media se sitúa en el 53%, mientras los vendidos de UGT y CCOO no dicen ni pío.

 

La pérdida de participación de los salarios es más grave aún si tenemos en cuenta que, además, Zapatero ha situado a España en el primer puesto de la UE en cuanto a desigualdades salariales, con un 60% de la población activa mileurista, y donde la presión fiscal sobre las rentas salariales es ya cuatro puntos superior a la media de la UE, mientras las grandes fortunas siguen exentas.

 

La distribución personal: el crecimiento imparable de la desigualdad

 

La distribución personal es la forma en la que las rentas de mercado y las transferencias se distribuyen entre la población. El primer indicador del grado de desequilibrio lo constituye el índice de Gini, que mide la concentración de riqueza, cuyo valor oscila entre cero y uno. Cuanto más bajo es el valor, más equitativa es la distribución, y viceversa. Cuando Zapatero llegó al poder el valor de éste índice era de 0,307 y, en lugar de reducirse, ha crecido hasta 0,325 en 2008, lo que supone un empeoramiento del 5,86% en sus cinco primeros años de gobierno, una cifra enorme, y un 9% peor que la media europea, por no hablar de países como Dinamarca o Suecia cuyo índice es de 0,225.

 

Otra de los indicadores es la curva de Lorenz, una forma gráfica de mostrar la distribución, dividiendo la población y la renta en décimas partes, decilas en lenguaje estadístico, y teniendo en cuenta el  porcentaje de la renta total que recibe cada una, desde el 10% mas pobre al 10% más rico. Los resultados son sobrecogedores. Entre 2003 y 2007, los años de las vacas gordas, las seis primeras decilas, el 60% de la población, había perdido renta real y, de las cuatro siguientes, la que más gana es la del 10% más rico de la población, que se apropia ya de más del 31% de la riqueza. Pero si la concentración la medimos sobre la riqueza financiera, el resultado es espectacular: el 10% más rico de la población se apropia del 70% de la riqueza. No en vano en estos años, España encabezaba el ranking mundial en incremento del número de millonarios. 

 

Pero además si con las cifras 2007 calculamos lo que los economistas denominan “ratio de desigualdad”, que mide la relación la relación de la renta que está en manos del 20% de las familias más ricas y lo que está en manos  del 20% más pobre, este ratio había pasado de 5,1 veces en 2004 a 5,4 veces en 2.007,  frente a una media de 4,8 para la UE-15, y de 4,2 para los  países centrales, es decir el “ratio de desigualdad” en la España de Zapatero es un 12,5% más alto que la media de la UE-15 y un 28,6% superior que la media de los países centrales hacia los que supuestamente pretendemos converger, lo que representa una diferencia de desigualdad tremenda. Y lo que es peor: mientras este ratio se ha elevado en España, se ha reducido en Europa.

 

La distribución territorial: la vuelta de las dos Españas

 

Uno de los mitos más extendidos entre los políticos de uno y otro signo es que el Estado de las Autonomías ha reducido las diferencias de renta “per cápita” entre las regiones españolas. Así lo expondría Zapatero hace unos meses en el debate del Estado de la Nación. Nada más lejos de la realidad. La desigualdad territorial se mide con el número de CCAA cuya renta “per capita” supera la media nacional y con las que tiene una renta un 90% inferior a la media. En 1975, cuando aún no existían autonomías había 11 regiones o CCAA que superaban la media  nacional y hoy, 33 años después, éstas se han reducido a ocho; mientras que el número de CCAA con renta  inferior al 90% de la media ha pasado de solo seis en 1975 a ocho en 2008.

 

Y la desigualdad está empeorando con la crisis. Mientras Navarra y País Vasco, gracias a un régimen fiscal demencial, que les permite pagar ocho veces menos de lo que les corresponde han salido de la crisis, Andalucía, Extremadura, Canarias -que votó a favor de blindar el expolio vasco-, Aragón, y otras, siguen cayendo al -4% oficial, y Cataluña, donde la incompetencia, el despilfarro y la persecución lingüística, han batido todos los “records”, ostenta el farolillo rojo con una caída del -4,7% oficial. Es decir, el modelo autonómico no sólo es que sea económicamente inviable  e intrínsicamente corrupto, es que además ha empeorado significativamente la distribución de la renta entre las regiones, que no están convergiendo sino divergiendo: es la vuelta de las dos Españas.

 

Todo lo expuesto no son juicios de valor, son hechos cuantificables, que por cierto demuestran la falsedad de que el socialismo sea el reparto igualitario de la miseria. En el socialismo español de reparto igualitario nada, con Zapatero los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, junto con una casta política parasitaria, que sigue despilfarrando como si no hubiera crisis  expoliándonos  sin contemplaciones.