Buenas de nuevo a todos.
Últimamente se habla mucho de la tan traída y llevada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, un Estatuto que es claramente anticonstitucional. Y una de las razones (no la única) por la que es anticonstitucional es por la persecución y discriminación a la que se somete el castellano que, tal como reza el Artículo 3 de la Constitución, es “la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Lo que parece claro es que el arrinconamiento del castellano responde, a todas luces, a una forma más de establecer distancias entre unas regiones españolas con otras, de modo que se llegue al secesionismo lingüístico y, por tanto, a romper el principal nexo cultural que nos une, esto es, el idioma. No se entiende, si no, que el segundo idioma más importante del mundo sea perseguido en todos los estamentos (sociales, comerciales, académicos). Es evidente que es por una clara posición antiespañola por parte de los nacionalistas (PSE incluido, no lo olvidemos) y no por velar por los intereses de, por ejemplo, los alumnos a los que se les impone el catalán quieran o no.
A cuento de todo esto, el Ministro de Educación llegó a tener las tragaderas necesarias para claudicar ante los secesionistas catalanes al decir a las familias españolas que habrían de resignarse y asumir que “el catalán es la lengua vehicular”. Y todo ello sólo dos meses después de sacar pecho diciendo que el español es la lengua oficial de todo el Estado. Se ve que, al igual que el resto del (des)Gobierno que sufrimos, ha aprendido muy bien a decir una cosa y la contraria.
Para ver hasta qué punto se utiliza el idioma para blindar y aislar el territorio y favorecer a los suyos, basta con leer las declaraciones del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lérida, que abogó por establecer pruebas de catalán para que los de fuera no pudieran acceder a las plazas ofertadas en dicha universidad y así, de paso, evitar el mal trago que supone a los catalanes el tener que irse a universidades de fuera por falta de plazas en las universidades propias. Hay que ser cateto, provinciano… ¡y fascista!
El asunto ha llegado a tintes que se podrían tildar de fascistas, como el caso de un alumno al que se le prohibió asistir como oyente en la escuela de idiomas tras una denuncia por haber discrepado acerca de la imposición del catalán. Actos que recuerdan más de lo conveniente a las prácticas nazis donde se detenía a los judíos tras el correspondiente chivatazo.
Más conocido es el caso de Manuel Nevot, quien fue multado con 800€ por rotular su establecimiento en castellano y que recurrió la sentencia ante el Tribunal Constitucional… que con lo vendido que está, va listo el pobre hombre. Afortunadamente, todavía le quedará Estrasburgo. Curiosamente, el señor Nevot también fue multado a partir de una denuncia, y esta vez anónima; está claro que cada vez hay más similitudes con los métodos fascistoides nacionalsocialistas: una Gestapo lingüística en toda regla.
Y para terminar de entrometerse en la libertad de mercado y de elección de los consumidores y usuarios, en su particular normalización han terminado por establecer cuotas en los cines con la Ley del Cine Catalán, que pretende obligar a distribuir la mitad de las copias de películas dobladas o subtituladas en catalán a pesar de que no tienen demanda, como bien apuntan los propios empresarios, que estaban dispuestos a movilizarse contra la ley, al igual que otros productores y exhibidores europeos.
Y todo este desbarajuste, con la connivencia del zoquete mayor; ese que por cuatro votos y mantenerse en la poltrona es capaz de vender a su abuela (o a su abuelo el de la guerra). Uno más de los efectos del Estatut, del que desde el (des)Gobierno se dijo que “lleva ya unos cuantos años en vigor y aquí no ha pasado nada”. No, no pasa nada; tan sólo que se conculcan los más elementales derechos de millones de ciudadanos. Aparte de eso, nada que reseñar.
¡Es que ni con la muerte pagan el daño que están haciendo!
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