¿Nos sacarán estos presupuestos de la crisis?

Columna de Álvaro Anchuelo en ‘Cotizalia’.

Los altavoces de la verdad oficial han jaleado los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado como “los de la salida de la crisis”. ¿Dicen, por una vez, la verdad? Tras años de repetir lo mismo, algún día acertarán. Por desgracia, no parece probable que vaya a ser éste, tampoco.

 

Por el lado del gasto, los presupuestos más bien parecen rendirse ante la crisis. Las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad productiva y el supuesto cambio de modelo económico, de hecho, se reducen. Veamos los principales ejemplos. El gasto no financiero del Ministerio de Fomento se reduce un 34,6%, pasando de 7.615 a 4.930 millones. La inversión en infraestructuras se desploma un 31%. El gasto en I+D cae un 4%. El gasto en educación disminuye un 8%. El gasto del Ministerio de Industria reduce en 150 millones la promoción turística. La partida de gasto que sí aumenta es la del pago de intereses de la deuda pública: asciende ya a 27.421 millones (un 17% más que en 2010) y, junto a los 30.240 millones de las prestaciones y subsidios de desempleo, suponen casi la mitad de los 122.022 millones de gasto total (excluido el gasto de financiar las administraciones territoriales).

 

El efecto a corto plazo de las medidas adoptadas por el lado del gasto será contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio hacia un modelo productivo más innovador, que nunca fue muy creíble, deja de financiarse. Esto supone una enmienda a la totalidad de la política previa de los gobiernos de Zapatero y, en consecuencia, la certificación de su rotundo fracaso.

 

Los presupuestos del 2011 ni siquiera van a servir para paliar los efectos de la crisis a la que nos condenan, dado que (en contra de lo que se afirma) también reducen la protección social. En esto, el ejemplo más espectacular es la caída del gasto en protección a los parados. Se prevé que disminuya un 1,5%, pero no por un menor paro, sino porque los parados existentes van agotando el período en el que tienen cobertura mediante prestaciones y subsidios. No se olvide, además, que estos presupuestos consolidan una serie de decisiones antisociales adoptadas anteriormente como la reducción salarial de los funcionarios en un 5%, la congelación de las pensiones y el recorte en un 5´2% del gasto en dependencia. Todo lo anterior contradice, de nuevo, la retórica mantenida por el gobierno actual desde el inicio de su mandato.

 

Son, por tanto, éstos unos Presupuestos que, por el lado del gasto, no nos van a ayudar a salir de la crisis, ni a transitar con más comodidad por ella. Pero, ¿tal vez sus bondades se oculten en el lado de los ingresos? Tampoco lo parece, pues en él se eluden los retos fundamentales. No se opta por luchar decididamente contra el fraude (al contrario, el presupuesto de la AEAT disminuye). Teniendo en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25% del PIB español, esto constituye un claro error. Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. Lo mismo puede decirse de la ausencia de una reforma fiscal a fondo, que evite que la carga recaiga tan desproporcionadamente como hoy sobre las rentas del trabajo dependiente. Así, sin reforma fiscal ni lucha contra el fraude, se opta por exigir más a los que ya pagan.

 

Las subidas recientes del IRPF (al eliminar la deducción de 400 euros, incrementar el tipo de gravamen del ahorro y suprimir los 2.500 euros del “cheque bebé”), el IVA (que subió en julio) y los impuestos especiales se consolidan en el presupuesto. Además, se les añaden otras, entre las que destacan la creación de dos nuevos tramos en el IRPF (desde 120.000 euros con un tipo marginal del 44% y a partir de 175.000 con el 45%) o la subida del IRPF por no actualizar con la inflación los mínimos personales y familiares (una de las maneras más regresivas de subir este impuesto).

 

Esta subida de impuestos contribuirá a desacelerar aún más la demanda agregada. Como en el lado del gasto, también en el de los ingresos nos encontramos con un giro de 180º respecto a todo el discurso gubernamental previo. Éste predicaba la reducción de tramos y la simplificación del IRPF (por no hablar ya del tipo único, con el que el PSOE se presentó a las elecciones del 2004).

 

Tanto estos giros no explicados, como la forma de ejecutarlos, improvisada y llena de rectificaciones, generan desconfianza, es decir, lo contrario de lo que necesita la economía española. El temor a futuras subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de la deuda pública acumulada, provoca incertidumbres adicionales.

 

En realidad, el único sentido de los presupuestos presentados es tranquilizar a los acreedores internacionales que han comprado, y necesitamos que sigan comprando, cantidades masivas de deuda pública española. Para ello, se procede a un recorte antisocial del gasto y a subidas de impuestos, que perjudicarán a corto plazo la recuperación económica. Pero, si el gobierno se ve forzado a realizar ahora recortes, todavía en mitad de la crisis, es por culpa suya. La situación límite a la que han llegado las finanzas públicas en España se debe, en gran medida, a las costosas e ineficientes medidas que ha aplicado discrecionalmente. Tras llevar a la economía española al borde del abismo, obligando a nuestros socios europeos a rescatarnos mediante la creación de un Fondo y mediante la intervención del BCE, ahora se ve forzado a recortar bruscamente. La necesidad se acrecienta porque el peligro de crisis recurrentes (que podrían desencadenarse por efectos contagio de los problemas en Grecia o Irlanda) ha disminuido, pero no desaparecido. No obstante, nadie le ha obligado a negar la gravedad de la crisis durante años, hasta llegar a este extremo, ni le ha dicho qué partidas concretas de gastos o ingresos debían ajustarse. Todo eso es responsabilidad únicamente de nuestros actuales gobernantes.