Muy buenas.
El dichoso Estatut nos tiene ya hasta la coronilla. Un texto que a todas luces es inconstitucional, pero cuya sentencia en el Tribunal Constitucional lleva un retraso de tres años debido a los tiras y aflojas del inepto gañán con sus amigachos del nacionalismo más radical. Un incomprensible retraso cuyo meollo es el conflicto entre lo políticamente conveniente para el inepto gañán con lo jurídicamente admisible.
Y es que parece que incluso las tragaderas de los miembros del Tribunal Constitucional tienen un límite, a pesar de que su composición se la reparten con todo descaro los partidos políticos (¿dónde quedó eso de la separación de poderes?). Ahí tenemos a la Presidente (que no Presidenta) del Tribunal, María Antonia Casas, fiel perra (esta vez sí) de presa de Mª Teresa Fernández de la Vega. Cabe preguntarse qué ha ocurrido para que haya empezado a verse un cierto atisbo de luz al final del túnel, y es que las malas lenguas dicen que Felipe González y la vieja guardia del P (ex-PSOE, que ya no es socialista, ni obrero ni español) están ya hartos de las gilipolleces el inepto gañán y sus desbarres federalistas (por no llamarlo “facilidad en la bajada de pantalones frente a toda pretensión nacionalista”).
Ahora que se lleva unas cuantas semanas anunciando la inminencia de la esperada sentencia, y ante el temor de que una gran parte del impresentable texto sea recortado (como no debería ser de otra forma si a los jueces, a pesar de sus intereses políticos personales, aún les queda un poco de vergüenza y de sentido de Estado), el ala independentista y nacionalista (cada vez más parecidos y más radicales en sus posturas) de los políticos catalanes han empezado a decir barrabasadas de las suyas. Así, hemos tenido que soportar amenazas y otras perlas de estos reyezuelos de Taifas, cegados en mantener a toda costa sus prebendas provincianas aun a costa del interés general.
Así, desde CiU, ERC e ICV han amenazado con una grave crisis política ante un fallo adverso del TC. En ERC son más chulos aún y dicen que optarían por "desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia". Vamos, que si la sentencia me gusta, la acato; y si no, pues hago lo que me dé la gana.
Desde el propio gobierno catalán (recordemos que el Govern está en manos del PSC, a la postre el PSOE en Cataluña) se exhibe impúdicamente que el Estatut supone una "nueva relación en muchos aspectos entre Cataluña y España y que significa asimismo un cambio de las relaciones políticas y económicas con el Estado”, y se avisa de que una sentencia adversa obligaría a rehacer el pacto político con el Estado, y en un gesto muy, pero que muy grave (sobre todo viniendo de un gobierno autonómico), se muestra ambiguo ante la pregunta de prescindir de la sentencia del TC y seguir desplegando el Estatut. Pero vamos a ver… ¿Acaso Cataluña no forma parte de España? ¿Acaso las Administraciones autonómicas no forman parte del Estado? ¿Acaso desde un gobierno autonómico se puede amagar con desacatar una sentencia que no guste? ¿Acaso va a resultar que vamos a tener que terminar pidiendo perdón al general Mena y exigir a este pusilánime (des)Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución?
Más grave aún es lo que se afirma desde el PSC, al decir con todo el desparpajo que un tribunal no puede tumbar un pacto político. ¡Vaya! Y yo que pensaba que el imperio de la Ley prevalece sobre pactos de todo tipo, incluidos los pactos políticos… Y es grave no sólo por lo que dice, sino porque el partido que lo dice, a fin de cuentas, forma parte del partido que actualmente (des)gobierna en España. Quizás insinúan que hay que saltarse las leyes a la torera cuando no nos gusten. ¿Pensarán igual en el resto del PSOE?
El error del que parte el discurso nacionalista lo explica muy bien Martín Seco (como siempre aclaramos, muy poco sospechoso de ser 'de derechas’):
El discurso nacionalista se fundamenta siempre en el mismo error, en partir de lo que les gustaría que fuera, pero que, por el momento, no es y no ha sido nunca. Consideran a Cataluña y a España en el mismo nivel, como dos naciones soberanas que se hablan de igual a igual y que firman pactos políticos que tienen que ser respetados. Pero la realidad es muy otra. Únicamente existe una soberanía, la del Estado español, y Cataluña es tan sólo una parte de ese Estado, todo lo principal y con las peculiaridades que se quiera (todas las tienen), pero nada más que una parte. Aquí sólo hay un pacto: el constitucional, que se realizó por todos los españoles hace treinta años. La Constitución no convence por completo a nadie, pero precisamente por eso es un pacto, porque todos hemos tenido que ceder. Algunos, por ejemplo, preferiríamos un Estado como el francés, republicano y sin Autonomías.
Lo cierto es que cualquier otro elemento político adquiere validez y se legitima exclusivamente por la Constitución. La Generalitat, su presidente y el Parlamento catalán existen por y gracias a la Constitución y, gracias a la Constitución, Cataluña tiene un Estatuto de Autonomía, estatuto que precisamente por eso no puede desbordar los límites constitucionales. Algunos pensamos que los ha desbordado ampliamente no sólo por lo de nación y lo de la lengua -que parece que es lo que en estos momentos se encuentra en el centro de la polémica-, sino por la situación de privilegio económico que se consolida para Cataluña, totalmente incompatible con el principio de igualdad que subyace en el origen de la Carta Magna.
Lo más patético es que todas estas bravuconadas, a estos mierdecillas de la política les salen gratis. En cualquier país con una democracia medianamente sana, semejantes personajes tendrían, al menos, que dimitir después de decir cosas así. Pero aquí no sólo no dimiten sino que se ven fuertes frente al imbécil pusilánime que habita La Moncloa, por lo que sus bravuconadas le salen muy, pero que muy rentables.
Y de todas estas bravuconadas y amenazas, lo que de verdad asusta al inepto gañán es la advertencia desde ERC de que en caso de recorte del Estatut se podría “complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno", con lo que perdería la poltrona.
Pero, con todo, lo peor es lo que se escucha desde las propias filas del (des)Gobierno. Aparte de ir todos a una (como en Fuenteovejuna) cantando las bondades de semejante engendro, llega el propio Ministro de Justicia, el ignorante Caamaño (¡quien, para colmo, tilda a España de estado federal y se queda tan ancho!), intentando rodear de normalidad el tema con el argumento de que el Estatut (con todo lo ilegal que es) lleva aplicándose ya tres años sin que pase nada. Pero es que este pobre hombre olvida lo esencial: quizá el desorden legal e institucional que padecemos le parezca ‘nada’ al (des)Gobierno. Lo denuncia Lorenzo Contreras con unas verdades que deberían hacer palidecer de vergüenza al ignorante Caamaño y a todo el (des)Gobierno:
Lo más alarmante es que el Ministerio de Justicia intenta rodear de normalidad el desarrollo del asunto, con el argumento de que el Estatuto, con toda su carga de ilegalidad, lleva dos años aplicándose sin que nada pase. Olvida que pasa lo esencial, es decir, que se atenta contra la Constitución, se cuestiona la configuración actual del Estado y se le fuerza a desnaturalizarse desde una concreta comunidad autónoma, la catalana, que busca, más que un federalismo español, una salida confederal y soberanista que dote a Cataluña de un Estado propio. En concreto, se intenta conseguir, por vías aparentemente reformistas, nada menos que la independencia que Pujol preparó y acabó dejando en manos de otros, incluido ese cordobés llamado Montilla, siempre a las órdenes de los dirigentes de ERC, empezando por Puigcercós y acabando por Carod Rovira.
Todo esto es lo que está contenido en un Estatut cuyo padre es el vomitivo presidente que hemos de sufrir todos los españoles (recordemos quién lo impuso en el PSOE y en el Congreso), un presidente capaz de vender a su abuela (o a su abuelo, aquel que murió en la guerra) por un plato de lentejas o, lo que es lo mismo, comprometer el interés general con tal de aferrarse a la poltrona unos meses más. El mismo presidente que prometió refrendar en Madrid lo que se aprobara en Cataluña; el mismo que le dijo a Maragall aquello de: “Pascual, aprobaremos lo que venga de Cataluña”. El mismo que irresponsablemente utilizó el Estatut como pago a los “servicios prestados”: el apoyo nacionalista e independentista en el Congreso. El mismo que nos ha vendido a todos los españoles.
Si al final el TC recorta ampliamente el Estatut, que por supuesto es lo que debería hacer, será un motivo de ridículo total para el inepto gañán y para toda su cohorte de soplagaitas que han estado defendiendo su constitucionalidad contra viento y marea. Y si el ala nacionalista del PSOE (léase PSC) la monta tal como han amenazado y siguen amenazando, lo mismo semejante espectáculo no es visto con buenos ojos por el resto del electorado español del PSOE (que, visto lo visto, no me explico cómo queda aún alguien en este país que les vote…).
